¿Mamá y papá están peleados?

Cuando una pareja se separa de manera conflictiva, suele cometer un error especialmente dañino; convertir a los hijos en mensajeros, testigos, aliados o instrumentos de presión.

Uno desacredita al otro. Ambos reclaman tener la razón. Cada decisión se convierte en una batalla y, mientras los adultos discuten quién manda, los hijos viven las consecuencias.

En una democracia ocurre algo parecido cuando los poderes del Estado dejan de relacionarse mediante controles institucionales y comienzan a tratarse como enemigos.

El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial no fueron creados para obedecerse entre sí, pero tampoco para destruirse mutuamente. Fueron diseñados para gobernar, legislar, controlar y resolver conflictos dentro de un sistema de límites.

Cuando ese equilibrio se rompe, el afectado no es un presidente, un diputado o un magistrado. El afectado es el pueblo. El pueblo no es propiedad de ningún poder. La Constitución Política establece que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y que lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí; eso significa que ninguno puede apropiarse de la voluntad popular.

El Ejecutivo puede haber ganado las elecciones presidenciales, la Asamblea puede contar con una mayoría política, el Poder Judicial puede ejercer funciones constitucionales de control; Pero ninguno puede afirmar legítimamente “el pueblo soy yo”. La ciudadanía eligió autoridades, no dueños.

Una mayoría legislativa no elimina los contrapesos

Que un Gobierno tenga respaldo mayoritario en la Asamblea Legislativa no es antidemocrático; de hecho, una mayoría puede facilitar la aprobación de proyectos, reducir bloqueos y permitir que el Gobierno ejecute su programa político; el problema comienza cuando esa mayoría deja de deliberar y se convierte únicamente en una extensión del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no existe solo para aprobar lo que Casa Presidencial solicita. También debe:

1. Analizar proyectos
2. Escuchar criterios técnicos
3. Ejercer control político
4. Vigilar el uso de recursos públicos
5. Proteger a las minorías
6. Evitar abusos
7. Exigir rendición de cuentas.

La democracia no consiste únicamente en contar votos; también exige límites, discusión y responsabilidad.

Controlar no es obstruir

En una familia conflictiva, uno de los padres puede acusar al otro de “poner obstáculos” simplemente porque establece límites. En el Estado ocurre algo similar. Cuando el Poder Judicial, la Contraloría, la Sala Constitucional, la Fiscalía o una fracción legislativa cuestionan una decisión gubernamental, eso no significa automáticamente que estén saboteando al país.

Controlar la legalidad es parte de su función; pero el argumento también funciona en sentido contrario, los órganos de control no deben utilizar sus competencias para sustituir decisiones políticas legítimas ni bloquear indefinidamente la acción de los poderes electos.

El equilibrio exige distinguir entre:
a) Fiscalización y persecución
b) Independencia y aislamiento
c) Mayoría y autoritarismo
d) Oposición y obstruccionismo
e) Austeridad y debilitamiento institucional.

¿Dónde aparece el conflicto actual?

Costa Rica atraviesa tensiones relacionadas con el presupuesto del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público, el nombramiento de magistraturas y propuestas para modificar la forma en que se designan autoridades judiciales.

El Poder Ejecutivo ha defendido reformas dirigidas, según su posición, a modernizar el Estado, reducir gastos y aumentar la rendición de cuentas. También ha convocado proyectos para modificar la reelección de magistraturas y otras estructuras institucionales.

Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público se ha advertido que algunos recortes o cambios podrían afectar investigaciones, juicios, servicios esenciales e independencia judicial. También se ha planteado preocupación por bloqueos en el nombramiento de magistraturas suplentes.

No corresponde resolver esta discusión afirmando que todo lo propuesto por el Gobierno es autoritario ni que toda objeción judicial es legítima.

Cada decisión debe analizarse por separado. Pero existe una regla que no debería discutirse y es que ningún conflicto político justifica debilitar los servicios que necesita la ciudadanía.

¿Cómo termina pagando el pueblo?

Cuando los poderes del Estado convierten sus diferencias en una lucha personal o partidaria, las consecuencias pueden aparecer en varios niveles.

**1. Justicia más lenta:* Si faltan jueces, fiscales, defensores, personal técnico o recursos operativos, los procesos pueden tardar más y afecta a las víctimas que esperan una respuesta, personas imputadas sometidas durante años a un proceso, trabajadores, familias, empresas, personas privadas de libertad, ciudadanos que presentan recursos constitucionales etc.

2. Menor seguridad: Un conflicto institucional puede reducir la coordinación entre policías, fiscales, tribunales y autoridades administrativas. El crimen organizado no hace pausa mientras las instituciones discuten quién tiene la culpa.

3. Servicios públicos debilitados: Las disputas presupuestarias pueden traducirse en menos personal, menos tecnología, retrasos y menor capacidad de respuesta. La ciudadanía no vive la discusión como una teoría constitucional, la vive cuando llama y nadie responde, cuando una audiencia se suspende o cuando un expediente no avanza.

4. Desconfianza: Cuando cada poder acusa al otro de corrupto, ilegítimo, enemigo o conspirador, la población termina desconfiando de todos y esa desconfianza es peligrosa porque abre espacio para una idea falsa y es que “Como las instituciones no sirven, necesitamos que una sola persona controle todo.”

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Con frecuencia se desgastan poco a poco, mientras la concentración de poder se presenta como una solución eficiente.

Los hijos no deben escoger entre mamá y papá

En un régimen de visitas saludable, un progenitor no debería exigirle al hijo que elija cuál de los dos merece su lealtad. En democracia, el ciudadano tampoco debería ser obligado a escoger entre apoyar al Gobierno y despreciar a los jueces, defender al Poder Judicial y rechazar cualquier reforma, respaldar a la Asamblea o considerarla inútil o aceptar todas las decisiones de una institución o combatirlas todas.

Una persona puede apoyar una política de seguridad y, al mismo tiempo, exigir respeto al debido proceso. Puede defender la independencia judicial y también pedir eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Puede reconocer el mandato electoral del Gobierno sin entregarle un cheque en blanco. Pensar democráticamente significa abandonar la lógica de equipos de fútbol.

¿Quién debe ceder?

La respuesta no consiste en que uno de los poderes “gane”. El Ejecutivo debe gobernar dentro de la Constitución. La Asamblea debe legislar y controlar sin convertirse en una oficina de trámite ni en una fábrica de bloqueos y El Poder Judicial debe defender su independencia, pero también rendir cuentas, mejorar su eficiencia y justificar adecuadamente el uso de sus recursos.

Cada poder debe cumplir su función sin invadir la del otro, no se trata de una reconciliación sentimental. Se trata de responsabilidad constitucional.

La diferencia entre conflicto y crisis

El conflicto entre poderes no siempre es negativo. La separación de poderes fue creada precisamente para que existan desacuerdos, controles y límites recíprocos. Una democracia en la que nadie cuestiona al Gobierno sería, de hecho, sospechosa. El problema comienza cuando el desacuerdo deja de ser institucional y se convierte en una lucha por destruir o someter al otro poder: cuando se desconoce su legitimidad, se utilizan los presupuestos como represalia, se bloquean nombramientos esenciales, se intenta controlar políticamente a órganos investigadores, se desacreditan sistemáticamente las resoluciones judiciales, se judicializan todas las decisiones políticas o se utiliza a la ciudadanía como combustible de confrontación. El desacuerdo es democrático; la destrucción del contrapeso no lo es.

Lo que debería exigir el pueblo

La ciudadanía no debe convertirse en espectadora pasiva ni en barra brava de ningún poder. Su función no es defender instituciones como si fueran equipos rivales, sino exigir que todas actúen con transparencia, responsabilidad y apego a la Constitución. Eso implica conocer los proyectos y presupuestos, pedir datos que justifiquen recortes o aumentos, reclamar rendición de cuentas, exigir nombramientos oportunos y técnicamente fundamentados, defender la independencia judicial y demandar un control político serio.

También debe exigir que las decisiones públicas estén orientadas al servicio de las personas, que los resultados sean evaluados y que el debate institucional abandone los insultos para volver a los argumentos. La ciudadanía no necesita discursos de guerra entre poderes; necesita instituciones que expliquen lo que hacen, justifiquen por qué lo hacen y asuman las consecuencias cuando fallan. En una democracia sana, el pueblo no aplaude ciegamente: observa, cuestiona, compara y exige respeto estricto a la Constitución.

Posición de Falmont Legal

Desde Falmont Legal consideramos que Costa Rica no debe escoger entre un Gobierno con capacidad para ejecutar políticas públicas y un sistema sólido de controles constitucionales. Necesita ambos. Una mayoría electoral otorga legitimidad para gobernar, pero no elimina los límites del poder. La independencia judicial protege a jueces y fiscales frente a presiones políticas, pero tampoco los exime de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Del mismo modo, la Asamblea Legislativa debe facilitar acuerdos cuando sean convenientes para el país y ejercer control u oposición cuando resulte necesario.

El pueblo no necesita que mamá derrote a papá ni que papá humille a mamá; necesita que ambos recuerden por qué existen y a quién deben servir. Cuando los poderes del Estado pelean por quién manda, la ciudadanía termina pagando la pensión emocional, económica e institucional de ese conflicto. Los funcionarios pasan, pero las instituciones permanecen. Por eso, las diferencias entre poderes deben resolverse con Constitución, diálogo, argumentos y responsabilidad, no mediante una guerra familiar financiada con recursos públicos.