Sala IV, magistraturas suplentes y separación de poderes
La Sala Constitucional adoptó una medida excepcional para evitar la paralización de asuntos urgentes, mientras el oficialismo anunció acciones por prevaricato y cuestionó la validez de futuras resoluciones. Analizamos qué hizo realmente la Sala, cuáles son los límites de la división de poderes y por qué una interpretación controvertida no se convierte automáticamente en delito.
¿Mamá y papá están peleados? Cuando los conflictos entre los poderes del Estado los termina pagando el pueblo
Como ocurre en una separación conflictiva, cuando las autoridades convierten sus diferencias en una lucha por el poder, las consecuencias recaen sobre quienes menos control tienen: la ciudadanía. Analizamos por qué los contrapesos democráticos deben funcionar sin paralizar el país.
¿Le cobran una deuda que no es suya? Estos son sus derechos y cómo hacer que dejen de contactarlo
Que una persona cercana tenga una deuda no autoriza a una empresa de cobro a utilizar indiscriminadamente sus datos personales. Conozca cuándo puede exigir que cesen las llamadas, qué pruebas debe conservar y cómo actuar ante un uso indebido de su información.
¿El pago en tractos de una deuda alimentaria está limitado a dos meses? Una lectura correcta del artículo 287 C.P.F.
El artículo 287 del Código Procesal de Familia contempla dos beneficios distintos: el plazo para buscar trabajo o recursos y la posibilidad de pagar una deuda alimentaria en tractos. El límite de un mes, prorrogable por otro, no debe trasladarse automáticamente al pago fraccionado. Analizamos qué permite realmente la norma y cómo puede aplicarse según las circunstancias de cada caso.
Agresión contra motociclista en Tibás
Una mujer y su hija menor de edad cayeron de una motocicleta después de una agresión captada en video.
¿Nuevo Código Procesal Penal en Costa Rica? Celeridad sí, pero sin sacrificar el derecho de defensa
La Corte estudiará una reforma integral del proceso penal costarricense. Agilizar la justicia es necesario, pero ninguna modificación debería debilitar el debido proceso ni el derecho de defensa.